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I. Justificación

a. Recomposición del sistema internacional.

b. Transformaciones de la nación boliviana.

II. Objetivos

III. Estado del arte

IV. Estrategia metodológica

a. Problemas de investigación.

b. Fuentes.

c. Técnicas de Investigación.

V. Resultados esperados

VI. Índice tentativo de la investigación

VII. Difusión

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I. Justificación

b.     Transformaciones de la nación boliviana.

Nuevos actores. Nuevos desafíos.

A nivel interno, hemos asistido en los últimos años a un proceso de profundas transformaciones que también se inician a principios del siglo XXI con la emergencia nuevos actores socio-políticos e identidades étnico culturales en el ámbito público, que cuestionaron no solamente a los gobiernos de turno sino la construcción Estatal vista desde la memoria larga, es decir, remitiéndose a la fundación de la República.

La historia republicana de Bolivia ha sido una historia de exclusión social y de construcción parcial o restringida del Estado. La primera Constitución boliviana, aprobada en 1826 incluyó una serie de preceptos jurídicos provenientes del contractualismo moderno adoptados de textos constitucionales foráneos e incorporados de manera mecánica a la Carta Magna boliviana. Proclamaba a Bolivia como una República Popular Representativa y se establecía que la soberanía residía en el pueblo. Sin embargo, en ese momento las grandes mayorías sociales se encontraban excluidas de la norma constitucional y aisladas de la vida política nacional, pues no eran considerados ciudadanos del nuevo Estado al no cumplir con los mínimos requisitos constitucionales exigidos, como los de carácter económico, género y alfabetización en idioma español. En el momento de su fundación, Bolivia contaba con una población indígena de habla aymara y quechua de, aproximadamente, 800.000 personas, los denominados blancos o criollos alcanzaban 200.000, y los tipificados como mestizos o cholos llegaban a 100.000 (1969). Así, una élite reducida y carente de iniciativas económicas nacionales y de emprendimiento se encargaba del poder político que era desempeñado por “ciudadanos en ejercicio”.

De esta manera, si bien la independencia y el inicio de la vida republicana sustituyeron el aparato político administrativo y reemplazó unas clases dominantes por otras, la estructura económica y social de explotación y exclusión previa se mantuvo mediante el colonialismo interno que define muy apropiadamente las relaciones de poder post republicanas. En consecuencia, los símbolos que emitía el Estado como elementos de pertenencia o integración nacional –claves para la construcción nacional– solo alcanzaban a ciertas y reducidas elites, esencialmente mineras, hacendales o ligadas a la actividad comercial.

Hacia principios del siglo XX, la situación poblacional no se había modificado casi nada en relación con el momento de la fundación de la República: el aumento fue sólo de 500.000 habitantes, mantuvo un carácter fundamentalmente rural, y el 85% de la población urbana estaba concentrada en sólo cinco ciudades. El esquema de dominación económica se modificó, pasando de la era de la plata a la era del estaño; y si bien se transformaron las lógicas de organización política de las élites, ello no se reflejó en modificaciones de los derechos civiles y políticos. En esta etapa, la sociedad civil comenzó a organizarse y expresar sus demandas económicas y sociales, provocando conflictos significativos como huelgas y levantamientos campesinos en defensa de tierras comunitarias y contra la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades locales6. Al mismo tiempo, se puso en evidencia la influencia de ideas socialistas, anarquistas y nacionalistas, provenientes de la Revolución Rusa y Mexicana de principios de siglo, que constituyeron un discurso alternativo para las élites intelectuales bolivianas apegadas a concepciones positivistas y fuertemente racistas.

La guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Bolivia con Paraguay, tuvo importantes consecuencias políticas internas ya que permitió, por primera vez, el encuentro entre bolivianos de todos los confines del país que habían sido reclutados de manera forzosa, produciéndose lo que se denominó “la democracia de las trincheras” y desembocó en el desarrollo de una conciencia nacional. La construcción del proyecto de la nación boliviana se plasmó en la organización de partidos y expresiones políticas alternativas a las existentes, representando un universo político y simbólico más amplio, que cuestionaba la dominación oligárquica antinacional y colonial. En efecto, las consecuencias de la guerra del Chaco y los cambios posteriores crearían las condiciones para una participación más activa de la sociedad en la política y en la organización de sus demandas, por ejemplo, contra el régimen latifundista y el pongueaje, que significaban un sometimiento servil hacia los hacendados sin ninguna defensa legal ni justicia contra el abuso y los castigos corporales.

En ese contexto de cambios societales y emancipatorios, se aprobó la Constitución de 1938, marcando un hito fundamental en la memoria porque expresó la nueva ideología emergente e implicó el fin del constitucionalismo clásico regido por el individualismo liberal y la propiedad privada. De este modo, se introdujo el constitucionalismo social –o derechos de segunda generación– tal y como se había establecido, años antes, en otros países de la región, lo que se tradujo en la incorporación de derechos sociales y nuevos derechos civiles y políticos, por ejemplo, el derecho a reunirse y asociarse para distintos fines que no fuesen contrarios a la seguridad del Estado, a recibir instrucción y enseñar bajo la vigilancia del Estado y el derecho de huelga. Junto con ello, se otorgó al Estado responsabilidades sociales y se desconoció cualquier tipo de servidumbre, estableciéndose que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y pleno consentimiento. Diversos constitucionalistas coinciden en que esta Carta Magna es una verdadera proclamación de los derechos humanos.

Estos avances, no obstante significativos, no se expresaron en el resto de la Constitución lo que, probablemente, fue un reflejo de la situación nacional en que, como señala Zavaleta, tuvieron una presencia solo esporádica en el marco del Estado (1979).

En términos de construcción de la nación, la revolución del 52 marcó un hito insoslayable ya que entre las medidas asumidas se declaró el voto universal y se sentaron las bases estructurales para la expansión de la democracia mediante la reforma agraria, la ampliación del mercado y la consolidación de la propiedad individual de la tierra. De este modo, se liberó al individuo de la tutela terrateniente y se le permitió asumir sus derechos. Sin embargo, este proceso tuvo sus límites en la incorporación subordinada de los sectores sociales al Estado y en la construcción de una nación basada en una concepción cultural homogeneizante y universalista que no reparó en las características abigarradas y multisocietales de la realidad boliviana.

En 1982, después de un largo periodo de gobiernos militares, se logró la recuperación de la democracia y, tres años más tarde, se inauguró un ciclo político signado por el neoliberalismo en el campo económico y la democracia representativa en el orden político. Fue en este contexto que emergieron actores e identidades que comenzaron a demandar la ampliación y reconocimiento de sus derechos. En la reforma constitucional de 1994 se introdujeron importantes cambios como las categorías “multiétnica” y “pluricultural” en el Estado boliviano, reconociendo formalmente las distintas identidades étnico-culturales.

El reciente proceso de crisis y transformaciones que opera en Bolivia ha revelado una serie de fracturas no resueltas a lo largo de la historia y que se visibilizan y buscan un escenario de solución en la nueva configuración política y en la construcción de un Estado plurinacional, aprobada en enero de 2009.

Tanto los cambios recientes en el contexto internacional, como la historia truncada de construcción de un Estado –nación, constituyen el marco para replantear y repensar la nación boliviana en los marcos de la globalización, de los desafíos internos planteados en las transformaciones recientes, así como sus limitaciones y perspectivas actuales. En suma, los cambios económicos y políticos recientes en Sudamérica tienen un grado de influencia importante en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia que son necesarios analizar.

Cambio en la estructura productiva y demográfica.

Hasta hace apenas veinte años, durante cuatro siglos, la minería –primero de la plata y luego del estaño—fue el modo dominante de producción en el territorio de la Audiencia de Charcas y en la República de Bolivia. El punto en el que ese ciclo comenzó a declinar se puede situar en la crisis mundial de las materias primas y en el colapso del mercado del “metal del diablo”, en 1984.

Es pertinente subrayar que toda la estructura productiva de la Colonia y de la República estuvo subordinada a ese modo de producción. La agricultura, la industria, el comercio, la infraestructura, los sistemas de transporte, las ciudades, se desarrollaron en función de la minería andina.

Ese modo de producción condicionó la organización del espacio económico y político. Durante la Colonia se estructuró en torno al eje Potosí-Lima, entre el centro de producción y la sede del poder virreinal. En la República, La Paz ocupó el lugar de Lima. Retuvo el excedente nacional minero y se afirmó como el núcleo político del espacio económico que se estructuró a partir de la minería de Potosí y Oruro. La calidad de sede de gobierno fue, para La Paz, la confirmación de su posicionamiento como eje de articulación del espacio económico y como centro de poder económico. Su poder derivó esencialmente de su ubicación geográfica, en la ruta que la plata y el estaño debían seguir para llegar al puerto de Arica, en el Pacífico. Era el puente de conexión con el mundo y ocupó un papel central en el circuito comercial y productivo que giró en torno a la minería.

De esa forma La Paz y el mundo andino se constituyeron en el eje articulador del espacio económico nacional y en el núcleo de cohesión nacional.

Las cosas han cambiado. Se ha desarrollado un eje agrícola en el Oriente, de exportación de madera, ganadería, soya. La producción de soya en Bolivia pasó de 1.800,000 toneladas en 2010 a 2.200.000 toneladas en 2011. La superficie cultivada creció de 63.000 en 1986 a 217.000 en 1992, 555.000 en 2001, 890.000 en 2004 y a 1.2 millones de hectáreas en 2011 y ocupa ahora el cincuenta por ciento del área de cultivos de Santa Cruz7. Es un polo exportador. A diferencia de la agricultura del pasado, la del Oriente no está subordinada a la minería. Tiene su propia dinámica, lógica interna y proyección. Este eje de desarrollo es parte de uno de los espacios agrícolas más dinámicos del planeta: el que gira en torno a la zona centro oeste de Brasil, que incluye el Distrito Federal y los Estados de Goiania, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondonia. La zona productora del Oriente boliviano está ligada a ese centro de producción. Forma parte y se beneficia de este espacio, cuyo eje se encuentra en Brasil. Abre para el país una nueva línea de orientación geopolítica, hacia el Atlántico.

A ese dato se agrega la economía del gas natural. El incremento exponencial de las reservas certificadas de gas fue un acontecimiento económico excepcional, de importancia realmente histórica, comparable con el descubrimiento del Cerro del Potosí y de la Mina La Salvadora. Las reservas probadas y probables, pasaron de 7.36 trillones de pies cúbicos (TPC) en 1997 a 8.58 TPCs en 1999, a 32.21 trillones en el año 2000 y a 52.3 TCFs en enero de 2002. Un estudio de diciembre de 2009, que utilizó métodos de cuantificación diferentes, arrojó un nivel de 19.9 TCFs8. El polo gasífero mira también en la dirección de la cuenca del Plata, del Atlántico. Se tendrá una imagen más completa de esa transformación si se toma en cuenta el potencial siderúrgico del Murún y se recuerda que Puerto Aguirre, sobre el Río Paraguay, es el primer puerto de exportación del país.

De esa forma cambió el eje económico de Bolivia. En 1980, el Occidente de Oruro Potosí y La Paz exportaba el 70 % del total nacional en minería y productos no tradicionales; el restante 30 por ciento provenía de lol departamentos del oriente y el Sur. Para el año 2012, esa relación se ha invertido, en medio de una expansión notable del comercio exterior, que llevó las exportaciones de 1,226 millones de dólares en 2001 a 11.589 millones en 2012. En efecto, en 2012, los minerales de occidente representaron el 29.3% de las exportaciones totales del país, frente al 49.7% de hidrocarburos y el 18.2% de manufacturas, agricultura y ganadería9.

La pauta demográfica también se modificó. En 1950, La Paz representaba el 31,5 % del total nacional y Santa Cruz el 9 %. En el Censo del 2012, la población de Santa Cruz –26.7% del total—superó por primera vez en la historia a la de La Paz –26.3%--. La participación del eje minero Potosí-Oruro-Chuquisaca, en el total de la población nacional, se redujo de 35.5 % en 1950 al 18 %, el año 2012. En cambio, la participación de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija creció de 15.4 a 35.6 %, en el mismo periodo.

De esta manera, en poco más de dos décadas, se modificó la estructura demográfica y geopolítica de cuatro siglos. Bolivia ha cambiado, en tamaño económico, en la diversificación de la base productiva, en la organización política y en la ocupación del territorio. En gran medida estas transformaciones están vinculadas a la propia evolución de la globalización, que para el caso de Bolivia, se concentró en Sudamérica.
 

 

 


6. Por ejemplo, el levantamiento de Jesús de Machaca en 1921, que fue leído por las élites como un signo de odio secular contra la raza blanca acusada de opresión y usurpación (Klein, op. cit).
7. La soya en Bolivia. Mamerto Pérez. ANAPO.
8. Gustavo Fernández. Memorando Bolivia-Brasil 2012 (en edición).
9. IBCE. Boletín Electrónico no. 189. 28 de enero de 2013. www.ibce.org.bo